Los residentes del Viejo San Juan formaron parte de los deponentes en esta primera vista pública sobre el proyecto que propone crear la “Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico”.
La crisis de desplazamiento es un reclamo inminente de varios sectores del país, como los residentes de San Juan, quienes en vista pública de la Cámara de Representantes expresaron insatisfacción con unas medidas que, aunque tratan de atajar la problemática, encuentran que no es suficiente.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1242 (PC 1242) que propone crear la “Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico”, con el fin de establecer una política pública que proteja a la ciudadanía contra aumentos exorbitantes en el costo de alquiler.
También, el Proyecto de la Cámara 1470 (PC 1470) y la Resolución Concurrente de la Cámara 350 (RC. de la C. 350), que persiguen modificar la fórmula para establecer los topes para viviendas unifamiliares y multifamiliares y ordenar al Departamento de Vivienda realizar una investigación sobre las causas de la falta de vivienda asequible en Puerto Rico, respectivamente.
“Ninguno de los tres proyectos hace nada por detener la crisis de desplazamiento que estamos viviendo en el Viejo San Juan. Los tres proyectos de la Cámara de alguna manera hacen ajustes a los márgenes, pero no atajan el problema en sí”, dijo Margarita Gandía, en representación de los Vecinos del Viejo San Juan.
“El desplazamiento se debe a una conjunción de factores. El desplazamiento está ocurriendo en lugares donde los turistas y extranjeros encuentran atractivos por ser pintorescos, cerca del mar o cerca de atractivos turísticos”, abundó Gandía.
El gobierno ha incentivado la reubicación de individuos de altos ingresos a través de varios programas y leyes como la ley 2260 y Gandía indicó que muchas veces estos incentivos requieren residencia en la isla, pero los extranjeros están dispuestos a pagar más para seleccionar las viviendas que desean.
Por otra parte, el Departamento de Vivienda dijo no estar en total acuerdo con el contenido expresado en las propuestas de proyecto y consideran que unos puntos pueden ser “inconstitucionales”. Para solucionarlo, proponen un cambio de “lenguaje”, con el que están dispuestos a colaborar y que le otorguen fondos a la agencia para crear el registro digital que propone el proyecto.
Para la próxima vista se esperan los comentarios del Departamento de Justicia, Departamento de Asuntos del Consumidor, y de los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes.
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