Los comisionados de todos los partidos, salvo el PNP, se han expresado en contra de la decisión de la CEE.
La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, emitió una resolución que cambia la forma en que se maneja el voto adelantado y ausente en Puerto Rico, particularmente en el asunto de dirección del elector.
Los electores que soliciten el voto adelantado o ausente podrán recibir sus papeletas en una dirección distinta a la que aparece en el registro electoral. Según la CEE, esta medida busca facilitar el proceso de solicitud, pero ha generado preocupación entre los comisionados electorales.
Esta resolución revoca la determinación del pasado presidente, Francisco Rosado Colomer, quien había determinado por una pasada resolución que las papeletas del voto adelantado por correo debían ser enviadas a la dirección postal contenida en el registro electoral.
Los comisionados electorales de varios partidos han advertido que esta decisión podría afectar la transparencia del proceso electoral y abrir la puerta al fraude. El envío de papeletas a direcciones no registradas y la posibilidad de que se reciban múltiples papeletas en una misma dirección son temas críticos.
EN CONTRA
Juan Frontera Suau de Proyecto Dignidad: "Esta decisión diluye el valor del voto".
Lillian Aponte Dones del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC): "Está a destiempo y pone en riesgo el proceso del voto adelantado".
Roberto Aponte Berríos del Partido Independentista Puertrorriqueño (PIP) entiende que esta decisión abre las puertas para cometer fraude.
Karla Angleró González del Partido Popular Democratico (PPD) se expresó en contra al argumentar que este asunto ya fue resuelto y no fue impugnado en proceso judicial.
A FAVOR
Aníbal Vega Borges del Partido Nuevo Progresista (PNP): "Los ciudadanos tienen derecho a recibir sus papeletas en una dirección de su elección".
¿Y qué pasa ahora?
El candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, adelantó que llevará este asunto a los tribunales con el fin de proteger el derecho al voto de todos los electores en Puerto Rico.