La demanda es un componente más de la estrategia del gobierno mexicano contra el crimen organizado y la violencia armada en el país.
La presentación de las acciones legales en contra de la comercialización de armas y su tráfico ilícito a México fue encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; el senador Ricardo Monreal Ávila; el diputado Ignacio Mier Velazco; el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara; el fundador de la firma Hilliard & Shadowen, Steve Shadowen; y de la académica especialista en temas de seguridad en México, María De Haas Matamoros.
En la presentación, los miembros del panel conversaron sobre las acciones negligentes de empresas involucradas en el comercio de armas, ya que las mismas fomentan el acceso a armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México. Organizaciones criminales en ambos lados de la frontera compran en supermercados, por Internet, ferias de armas y a traficantes, miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que son utilizadas en la comisión de actos ilícitos en México.
Fue indispensable para el gobierno mexicano iniciar una acción legal en los Estados Unidos en contra de quienes producen las armas que están vinculadas a la violencia que se vive en el país. El gobierno mexicano expresó que la demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio han generado un daño en el país latinoamericano.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que la demanda civil de daños que se presentó es “para que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. Además, enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.
El argumento central de la demanda es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, incluso en ataques en contra de las autoridades. El propósito principal es combatir un problema regional de grandes magnitudes que cobra muchas vidas humanas, y que se suma a los distintos esfuerzos que realiza el gobierno de México para combatir el tráfico ilícito de armas.