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Por ley deberán estar presentes fiscales y personal de la OPM en las vistas de Ley 54

El gobernador firmó un total de nueve medidas recibidas en La Fortaleza.

El gobernador, Pedro R. Pierluisi, convirtió hoy en ley que tienen que estar presentes y sin discreción alguna, fiscales del Departamento de Justicia y personal de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) en toda vista de causa probable para arresto por violación a la “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” conocida como la Ley 54.

“Hace unos meses, ordené al Departamento de Justicia la presencia de fiscales en este tipo de casos, pero ahora estoy haciendo un mandato por ley. Este gobierno continuará tomando acciones afirmativas y correctivas para brindar mayor seguridad a las víctimas de la violencia de género, y que puedan tener el apoyo y la protección necesaria del Estado”, sostuvo el gobernador al firmar el Proyecto del Senado 358 de la autoría de la senadora Migdalia González.

Además el gobernador recalcó que es parte de su política pública en contra de la violencia de género. Así mismo, mencionó que a esto se le suma la creación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), que está realizando vistas públicas alrededor de la Isla para conocer de primera mano la situación que enfrentan las víctimas de violencia de género.


¿Qué otras medidas firmó el gobernador?


En el ámbito de las escuelas:

  • El gobernador convirtió en Ley el Proyecto del Senado 61, de la senadora Migdalia Padilla, que garantiza la permanencia y el fortalecimiento del programa de cooperativas juveniles en las escuelas públicas.

En torno a personas con diversidad funcional:

  • El Proyecto del Senado 148, de la senadora María de Lourdes Santiago, que extiende hasta los 21 años, a toda persona o estudiante elegible que esté recibiendo servicios del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, los derechos de estar cobijados bajo la ‘Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores’ que previamente era hasta los 18 años. De esta manera, según la ley, se armoniza el ordenamiento aplicable y se garantiza igual protección de ley a las personas con discapacidad que se encuentran en su proceso educativo formal.

  • El Proyecto del Senado 243, del senador Juan Zaragoza, extiende el periodo de vigencia de dos años a cinco años de la licencia de aprendizaje a todo ciudadano con algún tipo de discapacidad física significativa.

En cuanto al cierre de los CESCO y las licencias tardías:

  • El Proyecto del Senado 68, del senador Thomas Rivera Schatz, el cual establece que todo ciudadano que desde julio de 2020 no ha podido renovar su licencia como consecuencia del cierre de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) a causa de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) les devuelva el dinero cobrado por concepto de renovación de licencia tardía. Esto aplicará a quienes hayan hecho la solicitud de citas a través del portal cibernético de CESCO, dentro del término de 30 días desde el vencimiento de la vigencia de la licencia.

Ante el tema de los municipios:

  • El Proyecto del Senado 306, de la senadora Marially González Huertas, que le da las facultades a los municipios a recibir por traspaso, venta en pública subasta, cesión, donación o transferencia, equipo o propiedad que sea declarado excedente.

  • También, el primer ejecutivo firmó la Resolución Conjunta del Senado 30 para reasignar al municipio de Hormigueros $2,174.44 para realizar obras y mejoras permanentes.

Otras piezas legislativas:

  • El Proyecto del Senado 21, del senador José Luis Dalmau Santiago, en interés de brindar mayores oportunidades de rehabilitación y acceso a programas de desvío, así como el Proyecto del Senado 67, del senador Thomas Rivera Schatz, que dispone que todos los funcionarios nombrados por el primer mandatario cuyos nombramientos requieren el aval del Senado y en algunos casos de la Cámara de Representantes, envíen a la Asamblea Legislativa sus respectivas credenciales en un máximo de 15 días.

Todas estas medidas, que fueron aprobadas en la pasada Sesión Ordinaria que culminó en junio y fueron enviadas por la Asamblea Legislativa a la Fortaleza la semana pasada para la evaluación del gobernador.

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