Así fue confirmado en una decisión del Tribunal por el juez Anthony Cuevas.
La delegada congresional Elizabeth Torres fue destituida de sus funciones hoy por el juez Anthony Cuevas al determinar que no cumplía con los trabajos que le requiere la Ley de la Delegación Congresional. Este pleito llega a manos del tribunal tras la petición del Departamento de Justicia de que, como ocurrió, se le destituyera por no hacer su trabajo.
En cuanto a la ley, parte de ella requiere que los delegados rindan un informe cada 90 días con un desglose del trabajo que han realizado para alcanzar la estadidad. Al momento de que el Departamento de Justicia instó la acción, Torres había rendido tres informes, y a juicio del Tribunal, el mismo no cumplía con los requisitos previstos en la ley.
“No podemos tomar como gestiones llevadas a cabo, las críticas hacia el Partido Nuevo Progresista, el Gobierno de Puerto Rico y diversos funcionarios, así como al resto de los Delegados Especiales, cuando dichas críticas se llevan a cabo en el Informe que debe contener las gestiones realizadas. A tenor con lo dispuesto en la Ley 167, una crítica por sí sola, no puede ser considerada como una gestión, a menos que dicha crítica sea parte de una acción o trámite para cumplir con el llamado de la Ley y así se establezca en el Informe que mandata la Ley”, manifestó el juez Cuevas sobre el tercer informe.
Cabe destacar que el salario de Torres por este trabajo es de $90 mil más $30 mil en gastos adicionales.
Reacciona el Gobernador
“Un principio básico del servicio público es rendir una labor desprendida y responsable por cada peso que el pueblo de Puerto Rico le destina al servicio. Todo servidor público está llamado a cumplir su deber, según establecido en ley o reglamento. En este caso fue obvio que por meses la Sra. Elizabeth Torres no rindió la labor para la que fue electa, es decir, abogar por la Estadidad. Por el contrario, se dedicó a criticar la Ley que estableció su cargo y para colmo de males, recibió fondos públicos durante ese tiempo. El resultado de la demanda fue el correcto”, sostuvo el gobernador Pedro Pierluisi en declaraciones escritas.
