¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Cuáles son los conflictos?
La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) convocó a un paro de 24 horas para la celebración de su asamblea general, en la que podría aprobarse un voto de huelga en rechazo al contrato otorgado al consorcio LUMA Energy para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El paro comenzará el lunes, 5 de abril, a las 10:00 p.m., y se extenderá hasta el día siguiente a la misma hora. La asamblea general está pautada para el martes, 6 de abril, a las 10:00 a.m., en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Por otro lado, la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entregó las enmiendas al contrato de LUMA Energy que fueron solicitadas por el Comité Timón creado por el gobernador Pedro Pierluisi.
El presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, dijo el pasado jueves que el contrato que el gobierno les otorgó “no necesita enmiendas”. La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, indicó que no hay necesidad de hacer enmiendas o cambios al contrato.
¿Qué contiene el contrato de LUMA Energy?
La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) negoció un contrato de operación y mantenimiento con LUMA Energy por un término de 15 años y una inversión aproximada de $1,500 millones. En este acuerdo, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no recibirá una compensación o adelanto de dinero y tampoco se saldará la deuda o los préstamos contraídos asociados con la red eléctrica. La AEE retiene la titularidad del activo y los ingresos que cobre LUMA por la venta de electricidad permanecerán en manos de la corporación pública.
LUMA estará a cargo de administrar contratos, proveer los servicios de facturación y cobro, implementar el Plan de Remediación para comenzar la transformación de la AEE, recomendar y efectuar mejoras capitales, representar a la AEE ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), procurar y administrar fondos federales y asistir a la AEE en todo proceso con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La AEE pagará a LUMA por sus servicios una compensación anual que se pagará mensualmente y que incluye “un cargo fijo” y “un cargo de incentivo” por desempeños superiores. Durante el año de transición, la AEE pagará $60 millones y la facturación por hora que sometan sus empleados.
Luego, a partir del primer año del contrato el cargo fijo comenzará en $70 millones y aumentará progresivamente hasta alcanzar unos $105 millones. El cargo por incentivo arrancará en $13 millones al año y podría rondar $20 millones al cabo del cuarto año de vigencia del contrato. El pago a LUMA por sus servicios nunca podrá ser cubierto con fondos federales. No hay un requisito de contratación de la fuerza laboral por parte de LUMA. Tanto la Autoridad como LUMA mantendrán el personal que consideren “estrictamente necesario” para cumplir con sus obligaciones del acuerdo.
Para instrumentar el acuerdo la AEE debe crear diversas cuentas y asignar a estas fondos específicos. Por ejemplo, la creación de una cuenta de emergencia donde la AEE estará obligada a establecer una reserva de $30 millones. Además, estará obligada a aportar fondos para asegurar que la reserva siempre cuente con la cantidad establecida. También, la AEE tendrá que crear “una cuenta operacional” y acumular en esta el equivalente a 4.5 veces la mensualidad que debe recibir LUMA, así como una cuenta capital en donde se depositarán fondos para cubrir mejoras que no sean financiadas por fondos federales.
¿Qué es LUMA Energy?
LUMA es un consorcio integrado por las compañías Quanta Services y ATCO, en colaboración con IEM. Sin embargo, la compañía se compone realmente de dos entidades distintas: LUMA Energy LLC y LUMA Energy Servco LLC.
LUMA Energy LLC, es la que está trabajando el período de transición, supuesto a vencer el 1 de junio, y LUMA Energy Servco LLC es la que prestará los servicios contratados. LUMA, como tal, no existía cuando la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3, en inglés) evaluó las cualificaciones de las empresas interesadas en operar y mantener el sistema eléctrico. Luego de adjudicarse la propuesta, las compañías individuales incorporaron LUMA el 17 de enero de 2020.
¿Qué revelaron las vistas públicas?
La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el contrato otorgado a LUMA Energy para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya ha realizado 13 vistas públicas y dos ejecutivas, para un total de 15.
La comisión ha rendido dos informes parciales, que incluyen el referido del presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Tribunal Supremo por su supuesto conflicto de interés en el otorgamiento del contrato y la radicación de la Resolución Conjunta de la Cámara 88 para posponer hasta el 15 de enero de 2022 “toda gestión relacionada con la implementación” del acuerdo.
La ejecución del contrato costaría al gobierno, al menos, $894 millones, los cuales se destinarán a seis cuentas distintas para asegurar la operación de LUMA. Hasta ahora, se desconoce de dónde saldrá ese dinero.
La AEE tiene 5,500 empleados, de los cuales 1,000 están en el área de generación y no les aplica el contrato de LUMA. Los restantes 4,500 empleados podrían ser reclutados por el consorcio, pasar a otra dependencia pública o quedarse en la AEE. Quienes pasen a LUMA, perderán su antigüedad (serán empleados nuevos privados). Para los que se queden en la AEE o pasen a otra dependencia pública, al momento, no existen fondos asignados para cubrir su compensación, beneficios y posible readiestramiento.
Formalmente, LUMA tendría la gerencia de áreas como servicio al cliente y facturación. Tan pronto como el 1 de junio, el consorcio puede recurrir al Negociado de Energía a solicitar un aumento tarifario, serían ellos los que determinarían las necesidades económicas para operar la red. Además, LUMA no hace aportaciones económicas ni de activos, sino que todos los recursos los pone o paga el gobierno de Puerto Rico (son públicos).
No hay impedimento para que LUMA subcontrate a sus afiliadas para la reparación del sistema eléctrico tras el embate de los huracanes Irma y María, lo que se costeará con los $10,700 millones autorizados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y otros $5,600 millones en fondos federales.
La Junta de Gobierno de la AEE aprobó el contrato de LUMA el 22 de junio de 2020, en una reunión que solo duró 43 minutos y en la que apenas hubo discusión y debate en torno al documento de 336 páginas. En menos de una semana, el contrato fue aprobado por las juntas directivas de AAPP y la AEE, la Junta de Supervisión Fiscal y la exgobernadora Wanda Vázquez. La AAPP tiene a cargo la segunda parte de la privatización de la AEE, que cubre el área de generación. Hasta ahora, ocho compañías han mostrado interés en la propuesta.
Ante las declaraciones del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, surgieron dudas sobre si el impacto de un huracán es una de las razones por las cuales LUMA podría abandonar su contrato invocando la cláusula de fuerza mayor. Dicha cláusula sí establece que, ante cualquier emergencia que impida que las brigadas salgan a la calle durante 18 meses consecutivos, el consorcio podría abandonar la Isla.
El presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA dijo que necesitarán 3,800 trabajadores para manejar las seis áreas que tendrán a cargo: transmisión y distribución, servicio al cliente y facturación, oficinas comerciales, empleados, compra de combustible y suministros, y el Centro de Operaciones de Energía de Monacillos.
