El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) llega hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico para impugnar el nuevo plebiscito.
El 5 de noviembre de 2024 son las elecciones generales en Puerto Rico, y además de votar en la papeleta electoral, también habrá una papeleta sobre consulta de estatus, para que los electores voten entre tres opciones:
a.) Estadidad
b.) Independencia
c.) Soberanía en Libre Asociación con Estados Unidos.
La consulta de estatus, también conocida como “plebiscito criollo”, fue anunciada por el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, a principios de julio. Esta decisión del Primer Ejecutivo fue a través de una Orden Ejecutiva, tal como lo permite la Ley 165 del 2020.
Esta es la séptima consulta de estatus en Puerto Rico, y cabe destacar que su resultado NO es vinculante. Es decir, el resultado del plebiscito no implica que automáticamente Puerto Rico tendrá el estatus prevaleciente, sino que realmente tiene fines ilustrativos.
“Esta consulta plebiscitaria es un mecanismo para ejercer presión sobre el Congreso, reclamarle acción al Congreso. Exigirle acción al Congreso para resolver el problema de nuestro estatus”, dijo Pierluisi Urrutia al hacer el anuncio de la consulta.
El candidato a la gobernación y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, expresó que el partido decidió hacer un llamado a que se deje en blanco la papeleta del plebiscito que se llevará a cabo junto con las elecciones generales de noviembre.
La presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) y candidata a la gobernación, Jenniffer González, defendió el plebiscito criollo luego de críticas y cuestionamientos por parte de los otros partidos. “La papeleta en blanco es un voto perdido”, enfatizó González.
El PIP llega hasta el Tribunal Supremo
El Partido Popular Democrático (PPD), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Proyecto Dignidad (PD) se han expresado en contra de este plebiscito, en gran parte por entender esta consulta como una estrategia política del PNP de impulsar a que vayan más estadistas a las urnas.
El PIP incluso anunció ayer, viernes, que impugnará la consulta en el Tribunal Supremo, al entender que la consulta de estatus es un “engaño” y que el Primer Ejecutivo no puede tomar esta decisión por decreto, sin el aval de la Legislatura.
“La convocatoria de este plebiscito, además de ser inconstitucional e ilegal, es un acto desesperado del liderato del PNP y otro intento burdo de engañar a los miles y miles de estadistas que sienten vergüenza e indignación por décadas de mal gobierno y corrupción a manos del PNP y que ya no se ven representados por esa colectividad”, puntualizó candidato a la gobernación por el PIP y la Alianza, Juan Dalmau Ramírez, en un comunicado de prensa.
En el recurso del Tribunal Supremo el partido impugna la constitucionalidad de la convocatoria por decreto que ha hecho el Gobernador, es decir, sin aval de la Legislatura. La demanda presentada también argumenta, en el caso de la Ley 165, que se violenta la separación de poderes, la libertad de palabra, la igual protección de las leyes y el derecho al voto.
En las pasadas elecciones generales de 2020 también hubo un plebiscito y, el resultado fue el siguiente: ganó el “sí” a la estadidad (52.34%), con 55,707 votos respondiendo “no” a la estadidad.