La ley impone un término fijo de tres años de cárcel.
El primer Ejecutivo firmó el PC 547, de la autoría del representante Ángel Matos.
El Proyecto de la Cámara número 547, mejor conocida como “Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico”, se convirtió en ley tras la firma del gobernador Pedro Pierluisi el día de ayer, jueves.
La Ley tipifica como delito la divulgación y publicación de cualquier material explícito de carácter íntimo o sexual. Dispone, entre otras penalidades, que toda persona que, sin consentimiento difunda, divulgue, revele o ceda a otra persona(s) material explícito de la víctima, mediante cualquier tipo de comunicación incurrirá en delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años.
De mediar agravantes, la pena podrá ser aumentada hasta cinco años de reclusión, mientras, de mediar atenuantes, la pena podrá ser reducida hasta un año de reclusión.
“Hemos sido testigos de víctimas de la divulgación abusiva de material íntimo privado, tomado con el debido consentimiento, pero para el cual no existe autorización de divulgación. Esto ha ocurrido con la única intención de hacer daño y ridiculizar a una, o todas, las partes involucradas en la grabación o toma del documento digital. Todas estas acciones suelen someter a las víctimas de la divulgación a presiones, ridiculización, y daño psicológico y emocional que afecta su desempeño familiar, escolar o profesional” reiteró el representante.
El gobernador, Pedro Pierluisi, estaba acompañado de la secretaria del Departamento de la Familia y presidenta del Comité PARE al momento de firmar la medida que busca erradicar la porno venganza.
“Todo tipo de conducta que viole el derecho a la intimidad, incluyendo la amenaza y la extorsión es indignante y reprochable, más aún cuando el objetivo principal es hacerle daño a las partes”, sentenció el gobernador Pedro Pierluisi.
Este tipo de legislación ha estado trabajando en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos de América. Al presente, cuarenta y ocho (48) estados, Washington D.C. y Guam han aprobado medidas similares.
