Para el Primer Ejecutivo la medida resultaría en numerosos pleitos judiciales ante un panorama de poco personal en Justicia.
El Proyecto de Cámara 474 que buscaba crear la Ley de Legitimación Activa Ambiental para que los ciudadanos pudiesen “presentar, intervenir, solicitar, reconsiderar, recurrir o apelar” medidas relacionadas a asuntos ambientales y la protección de recursos naturales fue rechazada por el gobernador Pedro Pierluisi el última día que podía haber sido aprobada, el 18 de diciembre.
La medida legislativa, presentada por los representantes del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales y José Márquez, quería enmendar la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos y la Ley Sobre Política Pública Ambiental con el fin de darle legitimación activa ambiental a los ciudadanos.
La medida, de haber sido convertida en ley, establecía que para solicitar revisión de la decisión tomada por la agencia, no hubiese hecho falta “ser adversamente afectada por la misma, sino que bastará ser una parte –ampliamente definida- en desacuerdo con la misma”. En otras palabras, cualquier persona, aunque no fuera afectada directamente, tendría legitimación para instar el reclamo.
Además, el PC 474 iba a establecer que en ningún caso, se desestimaría una acción por falta de legitimación activa sin que haya provisto una oportunidad para desfilar prueba.
Para Nogales, autora de la pieza, esta medida era necesaria para el compromiso con el medio ambiente.
“Es necesario que la gente tenga algún recurso para hacer cumplir estos compromisos sociales, especialmente cuando reiteradamente el gobierno ha comprobado que no tiene la capacidad ni el interés para hacerlo”, expresó la portavoz de MVC.
Sin embargo, el gobernador explicó en declaraciones escritas que el proyecto sería oneroso, ante la posibilidad de múltiples pleitos judiciales, y que, a pesar de vetar la pieza, su compromiso con el medio ambiente lo ha demostrado de otras maneras.
“La medida hace caso omiso de la legislación y jurisprudencia actual que permite la revisión administrativa y judicial de los procesos y las decisiones de agencias del gobierno”, sostuvo el Primer Ejecutivo.
Pierluisi añadió que no hay razón para “trastocar” el estado de derecho actual que “propicia” el cuidado ambiental y aprovechamiento de los recursos naturales, como establecido en la Constitución.
