El primer ejecutivo otorgó un veto a la medida luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) le solicitó que no firmara el proyecto.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi Urrutia, vetó el Proyecto del Senado 728, que pretendía obligar a las agencias gubernamentales, tanto estatales como federales, pagar las deudas que las instrumentalidades mantienen con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante un programa para el cobro de deudas morosas.
El gobernador explicó a los presidentes legislativos, Rafael "Tatito" Hernández Montañez y José Luis Dalmau Santiago, mediante una carta, que la intención de la medida es “loable”. Sin embargo, tal y como está redactada pudiera provocar mayores problemas que los que pretende resolver.
El vetó al PS 728 surge luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF), le solicitara al gobernador no firmar el proyecto. Según la Junta, la medida “es inconsistente con los planes fiscales certificados para el Estado Libre Asociado y la AEE, así como con la Ley PROMESA”.
“Se convertiría en una merma de ingresos para la AEE, puesto que ordenaría que los recursos que se estén recobrando pasen al Departamento de Hacienda para nutrir el Fondo de Estabilización. Precisamente por la actual crisis fiscal y quiebra de dicha corporación pública, todo pago por servicio de electricidad, aunque sea por balances vencidos, debe ser adjudicado a la AEE para cubrir sus gastos operacionales, mantenimiento de flujo de efectivo saludable, y el pago de combustible para la generación de energía. Si la AEE ve reducidas sus finanzas eso podría tener un efecto en las facturas a sus abonados mediante los ajustes trimestrales por compra de combustible. Asimismo, todas sus deudas pasadas, particularmente aquellas previo a la radicación de la quiebra, están sujetas a los procesos que se llevan a cabo en el Tribunal Federal bajo el Título III de la Ley PROMESA”, explicó Pieruisi.
Además, Pierluisi sostuvo que las entidades gubernamentales morosas tienen presupuestados los fondos para el pago de la energía que corresponda al año fiscal corriente y planes de pagos establecidos. Además, parte de las deudas reportadas por la AEE de entidades gubernamentales están en disputa ante la Corporación, por lo tanto no son deudas líquidas y exigibles, como plantea la medida.
Por otra parte, el primer ejecutivo no firmó el Proyecto de la Cámara 435. Sobre este, había solicitado a la Legislatura la devolución para la cual la Cámara de Representantes accedió, pero el Senado, no.
Pierluisi explicó que conforme está redactado, el Proyecto de la Cámara 435 propone distintas enmiendas al mismo Apartado del Artículo 4 de la Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, en incisos separados. En ambas secciones se titula el Artículo 4 de manera distinta. “Tal cual está redactado el Proyecto de Ley crea un serio problema de interpretación, pues da la impresión de que la Sección 1 se deja sin efecto con la enmienda propuesta en la Sección 2”, indicó el gobernador.
