Los funcionarios habían sido señalados por alegado vínculo con la empresa de asfalto, JR Asphalt.
La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, en colaboración con el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), concluyó que no existe causa suficiente sobre una posible conducta delictiva por parte del alcalde del municipio de San Juan, Miguel Romero, el senador, Juan Oscar Morales Rodríguez, los representantes, Víctor Parés Otero y Jorge Navarro Suárez, y el excandidato a representante por el Precinto 2 de San Juan, Ricardo Rey Ocasio Ramos.
El coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, el exrepresentante Manuel Natal Albelo, la exsenadora, Rossana López León, y el exlegislador municipal de San Juan, Adrián González Costa, habían presentado una querella en contra de Romero y los legisladores el pasado 2 de mayo de 2022 por un aparente vínculo con la empresa JR Asphalt para echar asfalto en las vías públicas de San Juan.
“Tras evaluar las alegaciones, la evidencia documental y testifical y las leyes aplicables, la DIPAC concluyó que no existe causa suficiente para creer que los querellados hayan incurrido en posible conducta delictiva bajo nuestro ordenamiento jurídico por los hechos investigados”, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Según informó Justicia, el DIPAC recomendó que no se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI). Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, acogió la recomendación de la DIPAC, y envió a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) el informe sobre el resultado de la investigación preliminar realizada en la agencia.
“La prueba recopilada no establece ni corrobora las alegaciones de que el asfalto utilizado en el bacheo de las vías de San Juan fuese pagado con fondos públicos, como tampoco, el que los querellados hayan recibido ni aceptado una propuesta de soborno de parte de alguno de los socios o empleados de JR Asphalt, Inc.”, lee el informe de la DIPAC.
Los querellantes señalaron que había trascendido públicamente que el alcalde Romero Lugo y otros funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) habían tenido vínculos con la empresa JR Asphalt, Inc. y que los señores Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas fueron socios en esa empresa y habían sido acusados en el foro federal por participar en un esquema de soborno a cambio de adjudicarle contratos municipales que beneficiaron a la compañía de asfalto y pavimentación.
Por tal razón, alegaron que pudo haber existido un acuerdo entre Romero Lugo y los socios de JR Asphalt en el cual los últimos realizarían obras de bacheo en las calles de San Juan a cambio de que se les otorgasen contratos municipales en un futuro.
Además, los querellantes expusieron que, de acuerdo con las expresiones vertidas por el alcalde Romero Lugo, éste confirmó que no pagó por el asfalto, ni por el personal o la maquinaria que se utilizó para asfaltar varias calles en San Juan durante los años 2019 y 2020.
También, los querellantes arguyeron que ante las presuntas admisiones de los querellados, así como la información reseñada en varios medios de comunicación relacionada a los vínculos del alcalde Romero Lugo con JR Asphalt, ellos consideran que pudiese haber una serie de violaciones al Código Penal de Puerto Rico.
