Ocurrieron posibles violaciones a disposiciones legales con la otorgación de varios contratos por parte de la Autoridad de Tierras (AT) a distintas organizaciones sin fines de lucro
El Departamento de Justicia inició una investigación sobre posibles violaciones a disposiciones legales relacionadas con la otorgación de contratos por parte de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) a distintas organizaciones sin fines de lucro para el desarrollo de obras públicas en diferentes municipios alrededor de la Isla.
“Cumpliendo con la función de garantizar el cumplimiento de las leyes y detener la corrupción en el gobierno, encomendé a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia que comience una investigación para determinar si los contratistas y funcionarios involucrados en un referido del Departamento de Agricultura incumplieron las leyes y reglamentos aplicables e incurrieron en conducta de naturaleza penal”, notificó el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en declaraciones escritas.
El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, había realizado un referido a Justicia el pasado lunes, 21 de marzo de 2022, sobre posibles violaciones de leyes por parte de contratistas y funcionarios mediante el uso del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.
¿Por qué se realizó el referido a Justicia?
Ante la sospecha de la posible comisión de delitos en la administración de los contratos, fueron referidos el pasado lunes los expedientes de tres organizaciones sin fines de lucro a las que se le transfirieron fondos legislativos a través de la ATPR para la elaboración de obras y distribución de ayudas en diferentes municipios alrededor de la Isla.
González Beiró indicó que la falta de documentación corporativa, falta de documentos de cumplimiento con los contratos con el gobierno, ausencia de informes detallados y de evidencia que sustenten el uso otorgado a los fondos asignados llevó a que se efectuaran los referidos.
Las entidades referidas fueron: Fundación Azriel, Corp., Emass Inc. y la Fundación Deportiva del Oeste. Estas últimas dos comparten los mismos oficiales directivos. Entre las tres organizaciones, se han transferido cerca de $3 millones.
También, González Beiró, canceló tres contratos vigentes con Centro Comunitario de Servicios a la Familia, que sumaban un monto de $1.1 millones, y reclamó la devolución del dinero en su totalidad.
Por otro lado, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le requirió al Departamento de Agricultura información detallada sobre el uso del dinero del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que desde el año pasado alcanza sobre $42 millones.
El pasado lunes, 21 de marzo de 2022, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, le envió una carta al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, solicitando una certificación del balance acumulado en el FMM. Además, una certificación de todas las transacciones y desembolsos desde el FMM y a partir del 1 de enero del 2021, certificaciones de solicitudes pendientes del FMM y los hallazgos de la auditoría que se ordenó sobre el FMM en la Autoridad de Tierras.
¿Cómo llegamos aquí?
Una enmienda al Código de Rentas Internas aprobado en diciembre de 2020 ordenó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) a preparar mensualmente una certificación del balance acumulado en el Fondo de Mejoras Municipales. Luego, el certificado pasa al Departamento de Hacienda quien asigna esa cantidad al Programa de Infraestructura Rural de la Autoridad de Tierras (ATPR).
El 50% de ese balance del certificado es distribuido entre los senadores de los ocho distritos senatoriales y entre los representantes de los 40 distritos representativos. Mediante cartas a la ATPR los legisladores indican quién (persona, entidad o municipios) desea transferir sus fondos. Luego, la ATPR firma los contratos y transfiere los fondos.
