La Junta agumentó en una carta que la Defensoría de Personas con Impedimentos no tiene el dinero para ponerla en marcha
En una carta enviada por la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, le advierte al gobierno de Puerto Rico que la que crea la Oficina de Enlace de la Comunidad sorda (Ley 22-2021), violenta la Ley Promesa debido al impacto fiscal que tendría.
Según Jaresko, la Ley 22-2021 tendría un costo de entre $400,000 y $500,000 en su primer año, mientras que para los años siguientes el costo estaría entre $1 millón y $1.3 millones por año.
“La Oficina Enlace con la Comunidad Sorda costaría menos que el salario de Jaresko, menos que el salario de ejecutivos de LUMA, menos de la mitad de lo que le regalamos a HMS Ferries cada mes. Pero, la Junta dice que no podemos darnos ese lujo”, expresó la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, en su Twitter.