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  • Jonathan Nuñez Rivera

Proyecto Dignidad continúa en contra de las órdenes ejecutivas del gobernador

El partido alega que es una violación a la separación de poderes

El descontento del partido Proyecto Dignidad por las órdenes ejecutivas realizadas por el gobernador, Pedro Pierliusi Urrutia, por el Covid-19, sigue latente. El partido señaló en un comunicado de prensa que esta acción es una violación a la separación de poderes.


Además, señalaron que a pesar de que se han flexibilizado las órdenes ejecutivas sobre la vacunación y esta labor ahora le corresponde al Departamento de Salud, el partido reiteró que esto aún así esto presenta una violacion a la separación de poderes del ejecutivo de la legislatura.


”Le hemos planteado al tribunal que nuestro caso claramente permanece en pleno vigor, pues de la Orden Administrativa del secretario de Salud 2022- 0533, derivada de la OE-2022-019, trae consigo cuestionamientos adicionales sobre actuaciones ultra vires del secretario en exceso de la delegación de poderes al amparo de las leyes”, expuso el licenciado Juan Frontera Suau, quien es la representación legal del partido.


La OE-2022-019 y la Orden Administrativa 2022-0533 le delega al Departamento de Salud emitir recomendaciones sobre la vacunación para toda la población, realizar esfuerzos para continuar promoviendo la vacunación y la dosis de refuerzo en todos los sectores aplicables y hacer las determinaciones relacionadas a los certificados de salud y la vacunación para

estudiantes.


El Proyecto Dignidad entiende la Orden Administrativa 2022-0533, la cual enmienda la Ley 25 que establece los requisitos de vacunación se deben implementar al menos tres meses antes del inicio del semestre escolar y que un estudiante puede rehusar aplicarse la vacuna si este ha padecido de la enfermedad, presenta un reto a la separación de poderes y usurpa el rol de la legislatura y hacen un llamado a que esto se resuelva en los tribunales.


“Encontramos que el Ejecutivo continúa arrogándose para sí, de manera ultra vires y en violación crasa a la separación de poderes, la capacidad de enmendar y derogar disposiciones legales por medio de Ordenes Ejecutivas. Este proceder es inaceptable y debe ser detenido de una vez por los tribunales de Puerto Rico”, exhortó el fin del comunicado del partido.


El pasado febrero, las legisladoras de Proyecto Dignidad, la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos anunciaron que demandarían al gobierno de Pedro Pierluisi por sus órdenes ejecutivas. Dicha demanda también incluía al Departamento de Educación y al Departamento de Justicia, y sus respectivos secretarios Eliezer Ramos Parés y Domingo Emanuelli Hernández. También se da en un momento donde la vacunación contra el Covid-19 en Puerto Rico es más del 90%.


Actualmente las órdenes ejecutivas por el Covid-19 emitidas por el gobernador no son obligatorias, y se ha delegado esa función al Departamento de Salud, al igual que a los patronos en entes privados.



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